CAPOTAZO LARGO

Se gana Bogotá, pero la guerra continúa

martes, 17 de enero de 2023 · 05:15

La tauromaquia tiene a uno de sus máximos detractores en el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien, como alcalde de la capital ya prohibió las corridas en la plaza Santamaría de 2012 a 2017, y ahora, como mandatario del país ha pedido al Congreso abolirla.

En 2020, la Alcaldía y el Concejo de Bogotá cambiaron la estructura del espectáculo taurino eliminando la utilización de puyas, banderillas y, por supuesto, la muerte del toro. Este dictamen pasaba por encima de la ley estatal y de las decisiones judiciales, algo a todas luces ilegal. Hace sólo unos días, la Corte Constitucional reiteró su orden para que los festejos regresen al emblemático recinto y señala al Distrito de incumplir su decreto, que protege el toreo como un derecho a la libre expresión artística.

La institución colombiana, cuya función es garantizar la supremacía de la Constitución y su acatamiento por parte de todos los poderes públicos, ha determinado que se actuó contrariamente a una sentencia al menos en dos momentos. Uno, cuando se pretendió licitar un contrato para la temporada taurina en unos términos que eliminaban las características tradicionales de la tauromaquia, lo que, según los magistrados, “se organizó para impedir el cumplimiento de los mandatos del tribunal y frustrar el restablecimiento de los derechos fundamentales”; y otro, cuando la Administración local jugó con los tiempos para que fuera irrealizable otorgar la licitación para organizar funciones. “Se contrarió los principios de planeación, economía y transparencia de contratación pública y la función administrativa”, sosteniendo que “los plazos previstos hacían imposible la presentación al proceso de selección”.

Además, los empresarios aseguraban que los costes también provocaban gran complicación para participar. Sólo podían darse un máximo de tres corridas de toros (tradicionalmente eran cinco o seis), en las que no podría utilizarse ningún instrumento que lastime o cause la muerte del astado, tenían que pagar al Distrito un 20% sobre cualquier ingreso y destinar un 30% del espacio publicitario “para informar del sufrimiento que las actividades taurinas les causan a los animales involucrados”. Nadie estuvo dispuesto a participar bajo esas condiciones.

La Corte ha sentenciado que la Alcaldía y el Concejo de Bogotá se tomaron atribuciones que sólo le corresponden el Congreso. Los magistrados han dado la razón a los aficionados. Así resultaba imposible que se celebraran festejos. Pero que nadie piense que los antitaurinos han perdido la guerra. Ellos sabían de antemano que toda esta maniobra era inconstitucional. Es una estrategia global para ganar tiempo y debilitar la tauromaquia.

De momento han conseguido que la plaza Santamaría de Bogotá permanezca inactiva dos años más, después de los cinco que ya tuvo el cerrojo echado. Y eso implica un corte generacional de incalculable daño para la continuidad de las aficiones. Impedir el acceso a los menores de edad, prohibir actuaciones cómico-taurinas, cerrar cosos… todo vale para que los eslabones juveniles se rompan y el futuro peligre.

Un claro ejemplo de sus logros lo constituye Canarias, donde se pusieron trabas a los toros en 1991 y ya no han vuelto. Otro es Cataluña. La última corrida programada allí tuvo lugar el 25 de septiembre de 2011. Un año más tarde entraba en vigor una prohibición del Parlament que fue anulada en 2016 por el Tribunal Constitucional, pero a día de hoy no se ha vuelto a celebrar ni una sola función.

La monumental plaza Méjico canceló su temporada por orden de un juez y continúa suspendida. En Ecuador las prohibiciones se han sucedido a lo largo de las últimas décadas. En Venezuela el toreo es ya algo puntual. El coso limeño de Acho, en Perú, es ahora el próximo objetivo de los abolicionistas. Sí, la decisión de la Corte Constitucional de Colombia es una gran noticia, pero que nadie cante victoria.

 

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